El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, planteó la necesidad de aprovechar de forma eficiente, eficaz y económica los recursos que la Federación confía a las distintas áreas, para dotar a la población de los servicios básicos.
Planteó que en ocasiones no es la falta de fondos, sino una administración deficiente lo que impide hacer llegar a la población más vulnerable satisfactores elementales como el agua, la salud, la educación y la alimentación que, a su vez, les permiten avanzar en el desarrollo socioeconómico y proveer un mínimo de bienestar.
Portal Martínez indicó que la información obtenida a través de la fiscalización superior proporciona a los legisladores parámetros que presentan un panorama comprensible de los errores, las inercias y los riesgos en que incurren los ejecutores del gasto y de la manera como podrían evitarse, minimizarse o hasta eliminarse de la labor cotidiana.
En reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, sostuvo que los apoyos sociales que entrega la Federación a la sociedad civil no son certeros, pues carecen de datos básicos del número de beneficiarios.
“No se tienen datos completos de los conceptos, los importes de apoyo o la identificación de los beneficiarios mismos, lo cual impide detectar y determinar la existencia de duplicidades de apoyos recibidos de las diferentes secretarías”, detalló.
El auditor superior de la Federación refirió que esa anomalía afecta elementos de gestión y administración como la “homologación y la simplificación en la operación de los programas”.
Afirmó que “el número de beneficiarios que se incluyen en los diversos sistemas presenta diferencias con lo reportado en la cuenta pública y en las dependencias participantes no existen mecanismos óptimos para emitir información confiable y oportuna”.
Explicó que ese número errático del número de beneficiarios puede conllevar a “desviaciones o actos de corrupción y rendición de cuentas efectiva en la operación de los recursos”.
Desde la perspectiva de Juan Manuel Portal, en la actual coyuntura, en la que la disponibilidad de recursos se ha visto limitada por factores que están más allá del alcance del país, se hace patente la importancia de una revisión exhaustiva del modo en que se etiquetan los fondos que conforman el presupuesto federal.
Todo ello, agregó, con base en la evidencia proporcionada por la fiscalización superior, así como elementos adicionales que permitan eventualmente racionalizar esas asignaciones, de tal suerte que el gasto sea valorado por la ciudadanía como un elemento real de mejora en sus vidas cotidianas.
Subrayó que si bien esa revisión se refiere a hechos pasados, “tiene lugar en un clima difícil en el que algunos sectores de la sociedad muestran una impaciencia desafortunadamente muy comprensible, respecto a la sensación de que los funcionarios públicos, en su conjunto, manejan de modo irresponsable o culposo, los recursos que pertenecen a todos”.
Hizo énfasis que ese descrédito, “extendido a la totalidad de la cosa pública, afecta profundamente un factor central para mantener la armonía social: la credibilidad de la que deben gozar las instituciones para poder hacer su trabajo con la cooperación de la ciudadanía”.
Estableció que ya no es factible que la discrecionalidad o el mal uso de los recursos queden cobijados por la opacidad, que ha ido retrocediendo a través de la implementación de nuevos ordenamientos en materia de apertura.
Durante su intervención, Portal Martínez mencionó que en el rubro de gasto social se realizaron 109 auditorías que abarcan a 43 entes públicos y se formularon 880 observaciones.
Éstas generaron mil 679 acciones, 818 recomendaciones al desempeño, 428 recomendaciones, 218 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 148 pliegos de observación, 45 solicitudes de aclaración, 15 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y siete multas.
Ilustró dos de las principales áreas con riesgo que afectan la eficacia de los objetivos de los programas y políticas públicas objeto de la fiscalización superior en materia de desarrollo social.
Citó en tal caso la información de beneficiarios de programas sociales y la integración efectiva de la participación ciudadana en los programas públicos.
En cuanto al primer asunto, continuó, “que involucra el tema de padrones de beneficiarios, es necesario mencionar que la ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a sus receptores debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o un apoyo”.
Advirtió que la carencia de esa información puede tener un costo social, puesto que se genera la percepción de que los programas sociales no son operados atendiendo criterios de equidad y eficacia.
En efecto, dijo, la Federación destina una suma significativa de recursos a diversos subsidios o apoyos para programas sociales y del campo.
Consideró que en gran medida el éxito de los programas, subsidios o apoyos está en función de la confiabilidad del padrón.
Para minimizar los problemas inherentes a su integración y utilización, consideró preciso identificarlos para poder tomar medidas para su adecuada gestión.
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