La diputada Merilyn Gómez Pozos impulsó una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, a fin de que los integrantes de una familia en donde existan conductas de violencia hacia los menores tengan la obligación de denunciarlas ante la autoridad correspondiente.
La legisladora federal de Movimiento Ciudadano comentó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el sexto lugar en América Latina en el número de homicidios de menores.
La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expuso que durante los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.
Comentó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; 10.1 por ciento, algún tipo de agresión física; 5.5 por ciento, violencia de índole sexual, y 16.6 por ciento, violencia emocional.
En su iniciativa Gómez Pozos señaló que, de acuerdo con especialistas, México ha enfrentado en los últimos años un incremento de la violencia infantil, y “no hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo”.
Las agresiones contra los niños, agregó, “aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún si la violencia es emocional”.
Refirió que en 2014 se dieron a conocer diversos casos en los que menores de edad fueron víctimas de maltratos en su hogar; citó como ejemplo el de un niño de cinco años brutalmente golpeado por su padrastro y que llegó al hospital con estallamiento de vísceras, moretones y quemaduras.
Otro caso se dio en las redes sociales, donde un infante aparecía en fotografías amarrado de pies y manos a la herrería de una ventana en Xalapa, Veracruz; de acuerdo con los vecinos, la madre del menor lo amarraba con el consentimiento del papá.
La legisladora hizo énfasis en que ambos casos tienen algo en común: “al tratarse de seres indefensos e incapacitados para denunciar los abusos a los que eran sometidos, su sufrimiento no podía ser conocido por las autoridades para auxiliarlos y castigar a los victimarios”.
Por ello, estimó necesario reformar el Código Civil Federal para que los integrantes de la familia donde ocurra violencia estén obligados a denunciar los abusos, a fin de que los menores sean objetos de justicia y no sufran en el anonimato semejantes violaciones a sus derechos.
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