Buenos Aires.- La justicia argentina ha condenado a 563 militares y civiles acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que comenzó un 24 de marzo de 1976 y que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.
A 39 años del último golpe de Estado en este país, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que desde que en el año 2006 se reanudaron este tipo de juicios, se han dictado 136 fallos.
Desde entonces pasaron por el banquillo de los acusados 613 personas imputadas por secuestros, torturas y desapariciones, pero 50 de ellas fueron absueltas.
Entre los condenados destaca el caso del dictador Jorge Rafael Videla, quien gracias a estos procesos murió en mayo de 2014 condenado y preso en una cárcel común, lo que permitió que sus víctimas tuvieran el consuelo de la justicia.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría, la mayoría de los 970 acusados que ya fueron condenados o que enfrentan juicios en marcha están presos en penales, aunque un 40 por ciento disfruta del beneficio de la prisión domiciliaria.
En el corto plazo habrá muchas más sentencias, ya que están a punto de comenzar 120 juicios orales en contra de 889 procesados del total de 456 causas abiertas a nivel nacional y que involucran a más de 10 mil víctimas.
Uno de los datos más preocupantes para la justicia es que hay 45 prófugos, por cuya captura el gobierno ofrece recompensas.
Durante décadas sólo fueron imputados militares, pero en los últimos años ya se logró que se abran procesos en contra de 187 civiles, entre ellos espías, jueces, fiscales, empresarios, abogados, exfuncionarios e incluso tres curas.
El camino para llegar a los juicios fue accidentado, ya que en 1986, a tres años de terminada la dictadura, la justicia argentina logró condenar a los jefes de las Juntas Militares, pero en 1989 el expresidente Carlos Menem los indultó y volvieron a quedar libres.
Pasaron décadas hasta que, entre 2003 y 2004, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso derogaron las leyes que habían permitido la impunidad de los represores con el argumento de que muchos de ellos sólo habían recibido órdenes o que sus crímenes habían prescrito.
El mérito de estos logros es de los organismos de derechos humanos nacidos en los años 70 y que, pese a sus diferencias internas, jamás dejaron de pelear por la justicia, sin ánimo de venganzas.
Entre esas organizaciones están la Asociación Madres de Plazas de Mayo, que lidera Bonafini; las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas.
A ellas se les suman el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicios de Paz y Justicia (Serpaj), que encabeza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y Memoria Abierta.
Aunque los organismos están divididos entre quienes apoyan y critican a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, todos coinciden en que los avances en derechos humanos no podrían ser posibles en ningún país del mundo sin el apoyo del Estado.
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