La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convocó al Congreso de la Unión para que, al avalar la Ley General de Aguas, atienda las condiciones jurídicas y organizativas del Estado para que todos los mexicanos puedan ejercer el derecho humano al agua.
Advirtió que se trata de un “derecho reconocido”, y si dicha ley carece de los mecanismos institucionales apropiados para garantizarlo, ello generaría el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en la materia.
La CDHDF valoró la decisión de la Cámara baja de abrir un espacio de diálogo antes de votar dicha ley, pero demandó que se abran canales institucionales para recopilar las aportaciones de la sociedad civil y la academia, en un ejercicio de fortalecimiento democrático.
Si bien se congratuló que el Congreso iniciara los trabajos para aprobar las leyes reglamentarias de los artículos 4 y 27 constitucionales, indicó que se deben cumplir las obligaciones y principios del párrafo tercero del precepto 1 de la Carta Magna.
De igual manera, el contenido de dichas leyes debe basarse en “los estándares más altos del derecho humano al agua, contenidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, subrayó en un comunicado el organismo capitalino.
Reconoció que dicho proceso legislativo es una oportunidad para elaborar una Ley General de Aguas que garantice la disposición de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, de quienes habitan y transitan por el país.
Ello, bajo los principios de igualdad de género, no discriminación, la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y la sustentabilidad de los recursos hídricos que señala la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
También se debe mantener en todo momento el enfoque de participación de la sociedad de la ciudadanía tanto desde el momento del diseño de las leyes y las políticas públicas, hasta el de su implementación y evaluación.
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