La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados, Lourdes López Moreno, se pronunció por fortalecer la Evaluación de Impacto Ambiental y tener un ejercicio eficiente de estas herramientas para garantizar el cuidado de recursos naturales.
Durante el Foro de Discusión sobre el Estado de la Evaluación del Impacto Ambiental, destacó que a partir de la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental esta valoración adquiere importancia en la determinación de daños.
Asimismo es una herramienta de los promoventes de proyectos para plasmar y establecer la situación de un lugar y cuál será el impacto que tendrá a partir de una actividad.
“Desde hace mucho tiempo tenemos la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), pero necesita ser sujeta a modificaciones en el ánimo de hacerla más útil y contundente y permita tener un ejercicio más claro relacionado con los efectos en el medio ambiente”, consideró.
El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, pidió modernizar la EIA para que México vuelva a estar a la vanguardia en política ambiental.
El desarrollo económico debe ser sustentable y sostenible para preservar el patrimonio natural del país, garantizando un íntegro cuidado al medio ambiente, para lo cual la evaluación es una herramienta útil.
“Queremos conocer experiencias e ir de la mano con ustedes para diseñar una herramienta que ayude al desarrollo sustentable, con el trabajo del Ejecutivo, del Legislativo, expertos, sociedad civil y academia”, comentó.
El comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Luis Fueyo Mac Donald, señaló que el procedimiento de impacto ambiental debe incluir la suma de otras actividades previas, presentes o proyectadas, que no son consideradas actualmente.
Estimó necesario que la evaluación de una obra o actividad sea integral, incluyendo componentes ambientales, sociales, económicos y culturales.
“Legalmente deben considerarse en un proyecto de EIA no solamente aspectos jurídicos sino también los elementos técnicos, así como los aspectos sociales, económicos y culturales que no son menores”.
“Quizás por considerarlos temas ausentes, porque la legislación no lo permite, es que muchos proyectos a pesar de que los autoricemos posteriormente no se ejecutan, son rechazados por vías legales o la realidad social los impide”, enfatizó.
Se debe rescatar la consulta pública como un elemento de validación de un proyecto. “Dándole contenido, escuchando y evaluando las opiniones, es lo que le va dar solidez a largo plazo a la materia de evaluación en impacto ambiental”.
Además se debe fortalecer la participación de expertos y realizar estudios del impacto sobre lo que las obras o actividades repercuten sobre el patrimonio natural, aseguró.
El director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega, dijo que se requiere revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Ello, dijo, para garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
Hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto de la EIA y las violaciones a las garantías de comunidades indígenas donde se busca llevar a cabo megaproyectos para aprovechar sus recursos naturales.
Ello tiene consecuencias sobre el Estado de derecho y la seguridad jurídica de quienes consideren violentados sus derechos humanos por la construcción de megaproyectos, puntualizó.
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