Resulta esencial y benéfico para el país un zar anticorrupción, porque se contaría con la autoridad competente, desde el punto de vista penal, con una fiscalía especializada, adscrita a una nueva Fiscalía General de la República, que sería independiente del Ejecutivo.
Así lo señaló el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, quien mencionó que la ley anticorrupción es la respuesta a un reclamo de la sociedad que por mucho tiempo ha demandado, toda vez que se han insertado en la reforma una pluralidad de medidas que la población exigía.
Sobre todo, expuso, para prevenir, combatir o en su momento para sancionar enérgicamente cualquier acto de esta naturaleza.
Aseguró que la reforma constitucional, trascenderá en la medida en que le permitamos a la gente saber que cuenta con los instrumentos necesarios a través de instituciones sólidas para conocer cómo se lleva a cabo la administración financiera del Estado y cómo se avanza en la transparencia y rendición de cuentas.
“Ahora debemos explicar a la ciudadanía como entenderla, como digerirla, para que los mexicanos conozcan que a partir de su instrumentación habrá un dinero público mucho más limpio, gobernadores que den cuentas, municipios que aclaren cómo utilizan los recursos”, sostuvo en entrevista.
Explicó que la reforma constitucional tiene como principal objetivo habilitar al Estado para que sancione enérgicamente, a las dos partes que intervienen en el acto de corrupción.
“Es decir, reconocemos todo un acto de corrupción y se crea todo un sistema como una instancia de coordinación nacional que armonizará el funcionamiento de las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción y se establecen las medidas para sancionar tanto a servidores públicos como a cualquier particular que tenga que ver con el acto de corrupción”, reiteró.
Insistió que un zar anticorrupción será esencial y benéfico para el país, porque se contará con la autoridad competente para atacar este problema.
Que se tendrán facultades nuevas con el Auditor Superior de la Federación, que es el revisor de la cuenta pública, que examinará las labores de fiscalización de auditoría prácticamente en vivo.
“Vamos a tener un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será el tribunal competente para sancionar cualquier acción grave que pueda significar o ya sea una violación a las leyes en materia de responsabilidad de servidores públicos o un acto de corrupción”, precisó.
Insistió que con la aprobación de la ley anticorrupción, se cuenta ya con la reforma constitucional que es la materia esencial y una vez que la apruebe el Senado, corresponderá a las legislaturas en los Estados participar con su granito de arena y de esta forma crear las leyes secundarias que implementarán la reforma antes de poder materializarla.
“De tal manera que ya tenemos la reforma constitucional y confió en que en este año tengamos todo el andamiaje jurídico que permita la instrumentación de todo este sistema”, concluyó.
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