La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la validez constitucional de 19 artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, relacionados con el sistema de reinserción social vigente en México.
El pleno del alto tribunal desestimó una parte de la acción de inconstitucional 16/2011 y su acumulada 18/2011, presentadas por las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra diversos preceptos de dicha legislación.
Esos organismos la impugnaron por considerar que viola el Artículo 18 constitucional, al establecer estudios técnicos y procedimientos para obtener la libertad preliberacional de los sentenciados y determinar su “peligrosidad”.
En la sesión de este martes, el pleno desestimó considerar inválidos constitucionalmente diversos párrafos de los artículos 31, 33, 35, 37, 43, 65, 66, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 101, 110 y 111 de esa ley, impugnados específicamente por la CDHDF.
Al desestimar la invalidez del Artículo 85, el pleno de la Corte validó constitucionalmente el sistema de reinserción social, pues ese precepto establece para el sentenciado el mecanismo que señala “tendrá carácter progresivo y técnico”.
La mayoría de los artículos validados este día tienen que ver con los requisitos psicológicos y psiquiátricos para la libertad preparatoria y establecen la realización de exámenes para determinar si el sentenciado tiene “elementos internos y externos para no volver a delinquir”.
La ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, señaló que los preceptos son inconstitucionales, pues “en cumplimiento a su obligación de respetar los derechos que asisten al sentenciado, la autoridad no puede intentar influir en la personalidad o forma de pensar del sentenciado”.
Estas porciones normativas “establecen un tratamiento penitenciario que vulnera los derechos del sentenciado, por lo que son inconstitucionales”, aseveró Sánchez Cordero en su proyecto.
En la sesión del próximo jueves 19 de febrero, el pleno de la corte continuará con la resolución de esas acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y la CDHDF contra diversos preceptos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal.
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