Los casos de violencia obstétrica van en aumento en México, con lo que se arriesga la vida de miles de mujeres y sus hijos y se deja a las familias en estado de vulnerabilidad cuando las mujeres mueren, señaló la senadora Alejandra Barrales.
La legisladora perredista expuso que de 2010 a 2014 se presentaron mil 169 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), motivo por el que se han emitido 25 recomendaciones.
Dichas quejas tienen origen en la mayoría de los casos en la negación del servicio médico a embarazadas que se han visto en la necesidad de parir sin asistencia de personal capacitado y en lugares inadecuados.
En entrevista, alertó que la frecuencia y la gravedad de los casos conocidos hacen urgente la intervención del legislativo para aplicar medidas que optimicen las normas y garanticen la integridad de las mujeres a lo largo del proceso reproductivo, su conclusión y la atención de sus recién nacidos.
Ante ello, propuso como punto de acuerdo solicitar a las secretarías de Salud de los gobiernos locales de los 31 estados y del Distrito Federal que presenten un informe pormenorizado sobre el número de quejas registradas en materia de violencia obstétrica, así como las medidas emprendidas para atender esa situación.
Alejandra Barrales detalló que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 se registraron dos millones 498 mil 880 nacimientos.
De ese total, 38.1 por ciento fueron mediante cesárea, a pesar de que la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) oscila entre 10 y 15 por ciento a través de ese procedimiento, detalló la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Enfatizó que ese tipo de violencia se manifiesta entre mujeres en condiciones de pobreza que encuentran carencia en atención médica de calidad, por razones geográficas y económicas, así como educativas y de acceso a la información, pero también por causas de discriminación del personal de salud.
Barrales Magdaleno puntualizó que esa situación es especialmente lacerante para las mujeres indígenas que son discriminadas, no sólo por causa de las asimetrías económicas o de educación en relación con los profesionales de la salud, sino también por su pertenencia a diferentes etnias y grupos culturales.
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