>El 27 de febrero de 2012, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 04/2012 mediante el cual se emitieron “los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública”.
Dicho acuerdo fue redactado y publicado ante las denuncias de abusos policiacos, sobre todo de la Policía Federal, en varias entidades de la República, entre ellos desde luego Michoacán.
En dicho acuerdo, García Luna especificó cuáles deberían ser las atribuciones de las instituciones policiacas, definió hasta el concepto de armas y las situaciones por las cuáles los cuerpos policiacos debían utilizar la fuerza, las armas letales y las no letales, entre otras cosas.
Este acuerdo en cuestión, sigue siendo el fundamento del accionar de las policías, pero por una u otra razón, no en Michoacán ha sido la excepción.
¿Por qué cobra relevancia este acuerdo del 2012, justo cuando apenas la Secretaría de Gobernación, que absorbió las atribuciones que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tomó acciones para retomar el control de vigilancia y seguridad de Apatzingán, Uruapan y Nueva Italia, tres municipios claves para la estructura de los “templarios”?
Porque luego de que el Estado Mexicano, ejerciera su obligación de restablecer el orden y garantizar la seguridad enfrentando a los grupos paramilitares denominados “autodefensas”, ya se dejaron oír las primeras voces de condena contra la “barbarie” institucional.
Sin menoscabo de la importancia y lo lamentable que resulta el hecho de que haya habido cuatro muertos en una escaramuza entre personal militar y los paramilitares en Múgica o Nueva Italia –hecho que debe ser investigado para no contaminar más, si eso fuera posible, el ambiente en Tierra Caliente-, el gobierno federal comenzó a ejercer su autoridad, algo que no había sucedido en los años recientes en la zona.
La estrategia del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, no debe fundamentarse sólo en la acumulación de personal militar en la zona de conflicto, sino atender también la base social descuidada y coptada por el crimen organizado.
Ese ha sido el éxito de los grupos de delincuencia organizada no sólo en México, sino en los países que han debido lidiar con narco por años; la extensa base social que han construido en mucho tiempo.
¿Se puede destruir esa base social? No será fácil ni pronto, pero sí, si el Estado atiende las necesidades de la población que han tenido eco en los recursos de los grupos que ahora se combate, como debió hacerse hace años.
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>¿Para qué sirvió la prueba ENLACE durante los años que se aplicó en nivel básico?
Para completar estadísticas, solamente.
Si bien la prueba fue creada con la idea de que fuera un termómetro que permitiera a las autoridades de educación en el país conocer fortalezas y debilidades académicas, la realidad demuestra que sus resultados no han servido para mejorar la calidad de la educación ni para redireccionar políticas públicas en materia educativa.
Por eso es una buena decisión que la prueba se suspenda, en tanto se revisa el modelo y, sobre todo, su utilidad práctica.
Porque desde hace años sabemos cuáles son las debilidades en la enseñanza nacional; pero poco y nada ha cambiado.
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>Elektra, de Grupo Salinas, anunció ayer la adquisición del 100% de las acciones de Blockbuster de México, S.A. de C.V., de Blockbuster L.L.C., subsidiaria
de DISH Network, proveedora de TV de paga vía satélite, ubicada en Englewood,
Colorado.
La compra, significará a Grupo Elektra añadir más de 300 puntos de venta a su red de distribución compuesta actualmente por 6,460 localidades.
Nomás para comenzar el año.
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